Senado Aprueba Ley General Contra la Extorsión; Homologa Delito y Aumenta Penas hasta 42 Años

El Senado aprobó por 110 votos a favor la Ley General Contra la Extorsión. La ley homologa el tipo penal, aumenta la pena máxima a 42 años (con agravantes), sanciona la omisión de funcionarios e impone reglas estrictas para bloquear celulares en prisiones.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, estableciendo un nuevo marco jurídico que homologa el tipo penal en todo el país.

La ley fue aprobada en lo general con 110 votos a favor y cero en contra. Fue devuelta a la Cámara de Diputados, ya que el Senado le realizó 21 cambios a 15 artículos y añadió un artículo transitorio.

 

Puntos Clave de la Nueva Ley

Los senadores enfatizaron que la extorsión es el tercer delito de mayor incidencia en el país y genera un enorme desánimo social. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, recalcó que con esta ley se busca “cerrarle todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad”.

Aspecto Cambio / Disposición
Homologación Se establece un marco jurídico uniforme con una definición única del tipo penal en todo el territorio nacional.
Penalidad (Máxima) La pena máxima base se elevó de 15 años (propuesta original de Diputados) a 25 años. Con agravantes, puede llegar hasta 42 años.
Combate desde Cárceles Se imponen reglas estrictas para impedir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios, reconociendo que muchas extorsiones se originan allí.
Sanción a Reos y Funcionarios La posesión de dispositivos electrónicos por reos será castigada con pena de 6 a 12 años. La misma sanción se aplicará a funcionarios y personal carcelario que permitan la entrada de estos aparatos.
Especialización Se uniforma la obligación de contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y especializados en la investigación del delito.
Plazo Tecnológico Los centros de readaptación social tendrán un plazo de seis meses (tras la promulgación) para establecer tecnologías de inhibición de llamadas y comunicaciones ilícitas.

El senador Enrique Inzunza destacó que la ley también sanciona a los servidores públicos que colaboren o sean omisos en la comisión de ese ilícito.