La Cámara de Diputados realizó este miércoles la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 127 de la Constitución Política, enfocada en establecer un límite estricto a las jubilaciones y pensiones de altos funcionarios de empresas públicas y la banca de desarrollo. Esta enmienda, propuesta originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca consolidar la política de austeridad en los niveles directivos del Estado.
Aval de los Congresos Locales
La Mesa Directiva de San Lázaro confirmó que la reforma ya cuenta con la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, requisito indispensable para una modificación constitucional:
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Estados que aprobaron: 20 entidades, entre ellas Baja California, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.
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Proceso Legislativo: Tras la declaratoria en San Lázaro, el expediente fue remitido al Senado de la República para concluir el trámite correspondiente.
El fin de las “pensiones doradas”
El objetivo central de esta reforma es eliminar los privilegios económicos de ex servidores públicos de confianza en organismos descentralizados y empresas del Estado. Los puntos clave incluyen:
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Tope Máximo: Ninguna pensión o jubilación en empresas públicas podrá superar la mitad de las percepciones de la Presidenta de la República.
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Sujetos Obligados: Aplica para altos mandos de empresas del Estado (como Pemex y CFE) y de la banca de desarrollo.
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Justicia Salarial: Evitar que los beneficios de retiro de exfuncionarios de confianza sean desproporcionados respecto al resto de la administración pública.
| Detalle de la Reforma | Impacto |
| Artículo Reformado | 127 de la Constitución Mexicana. |
| Tope Económico | Máximo el 50% del salario presidencial. |
| Alcance | Funcionarios de confianza en empresas públicas y banca. |
| Estatus Actual | Declaratoria de constitucionalidad emitida; turnada al Senado. |
Con esta medida, el Gobierno de México busca cerrar la brecha salarial en el sector público y asegurar que los recursos de las empresas estratégicas de la nación no se destinen a mantener regímenes de jubilación de élite, alineándose con la narrativa de justicia social y manejo eficiente del erario.
