El conflicto institucional derivado de la operación de agentes de la CIA en Chihuahua escaló al pleno del Senado de la República, donde la bancada de Morena calificó los hechos como una “transgresión de tal magnitud” que amerita sanciones penales por el delito de traición a la patria. La tensión aumentó tras la negativa de la gobernadora María Eugenia Campos a asistir a una reunión de trabajo para explicar el incidente.
Confrontación en el Senado
La sesión parlamentaria se convirtió en un escenario de reclamos y descalificaciones entre morenistas y panistas, luego de que la gobernadora filtrara a los medios su decisión de no comparecer antes de notificar formalmente a la Cámara.
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Desplante legislativo: El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, deploró enterarse por la prensa de la declinación de la mandataria, calificando el hecho como una “brutal crisis institucional”.
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Argumento de la Gobernadora: Campos justificó su ausencia bajo el argumento de que su presencia podría comprometer información confidencial y afectar el curso de las investigaciones judiciales.
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Defensa Panista: El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, defendió a la gobernadora asegurando que se pretendía un “linchamiento” y que el estado simplemente recibió información para destruir un laboratorio de narcóticos.
Violaciones a la Constitución
El senador Óscar Cantón Zetina, a nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Nacional, enumeró los artículos de la Carta Magna que habrían sido vulnerados por las autoridades de Chihuahua.
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Artículo 117: Prohíbe estrictamente que las entidades federativas celebren alianzas o convenios con países extranjeros, facultad exclusiva de la Federación.
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Invasión de competencias: El senador Enrique Inzunza advirtió que la fiscalía estatal no tiene facultades para crear unidades especializadas en delitos federales (narcotráfico), ya que es competencia exclusiva de la FGR.
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Responsabilidad sobre los fallecidos: Legisladores guindas calificaron como una “cobardía” el intento de culpar al comandante Pedro Ramón Oseguera (fallecido en el accidente) por la presencia de los agentes estadounidenses.
Postura del Gobierno Federal
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la renuncia del fiscal estatal no es suficiente para cerrar el caso. La postura oficial sostiene que “ni culpando a los muertos” se evitará la responsabilidad de los funcionarios vivos involucrados en la entrega de la soberanía operativa a una agencia extranjera.
El Senado advirtió que cualquier actuación local que ponga en riesgo la seguridad nacional debe ser investigada exhaustivamente, dejando abierta la puerta a juicios políticos y procesos penales federales contra la administración de Chihuahua.
