El Departamento de Justicia de los Estados Unidos oficializó este miércoles una acusación criminal sin precedentes contra la cúpula política y de seguridad del estado de Sinaloa. El documento, radicado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señala al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por delitos que, de ser comprobados, conllevan una pena mínima de 40 años y hasta cadena perpetua.
Figuras de alto perfil involucradas
La acusación destaca que los principales señalados pertenecen al partido Morena y presuntamente utilizaron sus estructuras de poder para beneficiar a la facción de “Los Chapitos”.
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Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa.
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Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República.
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Juan de Dios Gámez Mendívil: Presidente Municipal de Culiacán.
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Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
A estos líderes se les imputan delitos de conspiración para la importación de narcóticos, así como la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, lo que endurece significativamente el perfil criminal de la acusación.
Red de protección y sobornos en seguridad
El informe detalla cómo diversos mandos de seguridad y procuración de justicia operaron como brazos extendidos del Cártel de Sinaloa.
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Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal): Acusado de recibir 11 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de evitar arrestos y filtrar operativos de inteligencia respaldados por Estados Unidos.
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Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública, quien renunció en diciembre de 2024 en medio de la guerra interna entre “Chapitos” y “Mayos”.
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Mandos Policiales: Se incluyen en la lista a Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras (“Cholo”), exjefes de la Policía de Investigación, así como a José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”).
Crímenes de sangre y participación de la policía local
Uno de los puntos más graves de la acusación recae sobre Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Se le vincula directamente con el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta, utilizando recursos y agentes de la fuerza municipal para ejecutar estas acciones por órdenes del cártel.
| Acusado | Cargo/Rol | Estatus Legal en EE. UU. |
| Rubén Rocha Moya | Gobernador | Acusación formal / Riesgo de cadena perpetua |
| Enrique Inzunza | Senador | Acusación formal / Delitos de armas y drogas |
| Dámaso Castro Z. | Vicefiscal | Acusado de cohecho y protección criminal |
| Juan Valenzuela M. | Comandante | Acusado de homicidio y secuestro |
Esta acción legal de la justicia estadounidense marca un punto de ruptura en la colaboración binacional, al señalar directamente que la estructura de gobierno en Sinaloa funcionó como un facilitador logístico y violento para el tráfico de fentanilo y otras sustancias hacia Estados Unidos.
