La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, informó que iniciará una investigación autónoma para determinar si la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con fundamentos legales sólidos. La fiscalía mexicana subrayó que, hasta el momento, la petición de captura internacional no se acompaña de elementos probatorios suficientes conforme a la legislación nacional.
Autonomía y cumplimiento normativo
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, aclaró en videoconferencia que México no actuará por simple consigna externa, sino bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales.
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Análisis de viabilidad: La FGR analizará la documentación recibida para establecer si existen datos de prueba que infieran la comisión de un delito según el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Investigación paralela: Además de revisar lo enviado por Washington, la fiscalía buscará allegarse de información propia para verificar la probabilidad de los nexos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Estándar del Tratado: Lara López recordó que el tratado bilateral de extradición especifica que esta solo se concederá si las pruebas son suficientes bajo las leyes de la parte requerida (México).
Inmunidad procesal y confidencialidad
La FGR destacó dos obstáculos legales y diplomáticos que complican la ejecución inmediata de las órdenes solicitadas por Estados Unidos.
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Juicio de procedencia: Al tratarse de un gobernador (Rocha Moya) y un senador (Enrique Inzunza) en funciones, la legislación mexicana exige iniciar un proceso para retirarles la inmunidad procesal antes de cualquier detención.
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Violación de reserva: La fiscalía mexicana acusó que el gobierno estadounidense rompió la confidencialidad estipulada en la Convención de Viena al hacer pública la solicitud, lo que podría ir en detrimento de los propios procedimientos penales.
Garantías y Estado de derecho
La institución enfatizó que el respeto a la soberanía nacional es innegociable y que cualquier actuación fuera de la ley violentaría el Estado de derecho y las garantías inalienables de las personas requeridas.
Con este anuncio, la FGR establece que el proceso de extradición de los funcionarios morenistas será largo y complejo, supeditado totalmente a la validación de pruebas bajo la jurisdicción mexicana y al desahogo de procesos legislativos para el retiro de fueros.
