El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, reveló que la implementación de la nueva Ley de Aguas —aprobada en diciembre de 2025— permitió identificar un adeudo de casi 12 mil millones de pesos por parte de empresas y concesionarios. Hasta el momento, se han realizado 7 mil 614 inspecciones, resultando en mil seis clausuras por el uso ilegal de títulos hídricos.
Casos emblemáticos de irregularidades
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se detallaron esquemas de lucro con recursos de la nación:
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Baja California: Por primera vez en la historia, se entregaron derechos de explotación directa a los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito y Tecate. Anteriormente, estos municipios debían comprar el agua a distritos de riego particulares, pagando más de 531 millones de pesos en los últimos cinco años.
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Familia Calzada (Querétaro): Se reiteró el caso del exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa y el diputado Mario Calzada. La familia utilizaba concesiones agrícolas gratuitas para abastecer desarrollos inmobiliarios, un club de polo con esquí acuático y la venta de agua en pipas.
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Empresa Refresquera: Se detectó una compañía con 18 títulos sin pago por más de 2.8 millones de metros cúbicos, además de sobreexplotación en otros 10 títulos y falta de medidores en 42 concesiones. El adeudo estimado de esta empresa asciende a 234 millones de pesos.
Impacto recaudatorio y social
La nueva normativa ha transformado la gestión del agua, pasando de un modelo de “mercancía” instaurado en 1992 a uno de control público:
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Incremento en ingresos: En 2025 se logró un aumento de 3 mil 500 millones de pesos en recaudación. Para 2026, se proyecta un crecimiento adicional de 6 mil millones de pesos.
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Destino de los fondos: Los recursos obtenidos se aplicarán en obras públicas para mejorar el manejo y la distribución del agua potable a la población.
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Fin de la transmisión de derechos: La ley prohíbe ahora que particulares lucren transmitiendo concesiones gratuitas (originalmente para riego) a terceros para fines industriales o comerciales sin reportarlo a la autoridad.
Desmantelamiento del modelo de concesiones
La presidenta Sheinbaum señaló que los gobiernos anteriores, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, otorgaron títulos que permitieron la comercialización del agua. Subrayó que el objetivo principal de la reforma actual es garantizar que no existan privilegios y que el agua cumpla con su función social, priorizando a los pequeños productores y el consumo humano sobre el lucro privado.
