Actualmente, los 11 consejeros electorales perciben un sueldo bruto mensual de 262 mil pesos. El instituto argumenta que su naturaleza autónoma les faculta para distribuir sus recursos de manera independiente, basándose en los siguientes puntos.
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Falta de claridad en el tope: El INE ha sostenido que el salario presidencial no es un parámetro claro, pues deberían contabilizarse beneficios adicionales como la vivienda en Palacio Nacional y gastos operativos asociados.
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Ajuste propuesto: De aprobarse la nueva reforma enviada al Senado, los ingresos de los altos mandos del INE deberán ajustarse a un máximo de 134 mil pesos mensuales.
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Prestaciones: Los cerca de 18 mil trabajadores del organismo cuentan con beneficios superiores a la ley, incluyendo seguros de gastos médicos mayores, los cuales están bajo la lupa de la nueva iniciativa de austeridad.
Conflictos judiciales y la Revocación de Mandato
La tensión presupuestal alcanzó su punto máximo durante la preparación de ejercicios de democracia directa, donde el INE recurrió a instancias judiciales para proteger su operatividad.
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Controversia Constitucional: Ante recortes previos, el INE acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Fallo de la Corte: Los ministros ordenaron a la Cámara de Diputados justificar los montos de manera “clara, técnica y objetiva”, señalando que los recortes no deben ser arbitrarios.
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Afectación ciudadana: El instituto ha advertido que la falta de fondos obliga a la instalación de menos casillas, lo que vulnera el derecho al voto de la población.
Posturas encontradas: ¿Privilegio o Independencia?
| Perspectiva del Gobierno | Perspectiva del INE |
| La autonomía se usa para mantener privilegios de la “élite”. | Los salarios garantizan la independencia de la función electoral. |
| El presupuesto debe orientarse a la austeridad republicana. | Los ajustes presupuestales ponen en riesgo la calidad de las elecciones. |
| Se busca eliminar bonos y seguros de gastos privados. | Las remuneraciones están protegidas por criterios constitucionales. |
La actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei, marcó una diferencia al solicitar un sueldo menor a su llegada en 2023; sin embargo, el resto de la Junta General Ejecutiva y las direcciones técnicas mantienen las percepciones establecidas bajo los criterios de autonomía que defendió la gestión anterior encabezada por Lorenzo Córdova. El desenlace de esta pugna histórica dependerá de la resolución del “Plan B” en el Senado este mes de marzo.
