La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026, confirmando que la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incurrieron en omisiones sistemáticas que vulneraron el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición forzada
Las deficiencias documentadas desde septiembre de 2024 señalan una falta de rigor en el cumplimiento de los protocolos básicos de investigación:
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Incumplimiento de Protocolos: Se omitió el procesamiento técnico integral, incluyendo la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado adecuado de evidencias.
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Alteración de la escena: El 20 de marzo de 2025, la falta de control en el acceso al predio provocó la contaminación del lugar y la posible pérdida o alteración de indicios críticos.
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Fallas en Cadena de Custodia: Se detectó que 1,842 indicios exhibidos en el sitio web del IJCF no cuentan con un registro formal de cadena de custodia, comprometiendo su validez jurídica.
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Retraso en Genética: Las muestras biológicas recabadas en 2024 permanecieron sin ser comparadas con el banco de datos de familiares hasta marzo de 2025, un retraso injustificado que prolongó el dolor de las familias.
La CNDH ha establecido un plazo de seis meses para que las instituciones involucradas cumplan con las siguientes medidas para resarcir el daño y evitar la repetición:
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Disculpa Pública: Realizar un acto formal de reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas por las violaciones a los derechos humanos acreditadas.
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Colaboración Administrativa: Apoyar los procedimientos iniciados por la CNDH ante la Contraloría Interna contra los servidores públicos omisos.
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Estandarización Forense: Elaborar y actualizar protocolos estrictos para la preservación de escenas de intervención, manejo de indicios y cadena de custodia.
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Formación: Implementar ciclos de capacitación obligatoria para el personal ministerial y pericial en materia de derechos humanos y técnicas de investigación forense.
Este caso, que fue atraído por la CNDH tras los hallazgos de colectivos de búsqueda, evidencia una crisis en la capacidad de respuesta de las instituciones locales frente a los sitios identificados como posibles puntos de exterminio, afectando gravemente la seguridad jurídica de quienes buscan a sus seres queridos.
