En el marco de la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la colaboración más efectiva de los países vecinos consiste en impedir que las armas crucen la frontera hacia territorio nacional. La mandataria reiteró que las empresas dedicadas a la manufactura y venta de estos artefactos deben rendir cuentas por sus prácticas negligentes.
Postura del Ejecutivo y la SRE
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que la opinión de la Coridh fortalece el argumento mexicano de que las empresas armeristas tienen una responsabilidad ineludible en el fenómeno de la violencia armada.
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Debida Diligencia: La cancillería destaca que los Estados tienen la obligación jurídica de regular, supervisar y fiscalizar el comercio de armas, incluso cuando las actividades sean realizadas por particulares.
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Responsabilidad Corporativa: La postura oficial es que las decisiones comerciales de las armerías sin controles adecuados tienen consecuencias directas en la seguridad y el bienestar de la población civil.
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Seguimiento Legal: Aunque la opinión de la corte no es vinculante, México la utilizará como un sustento técnico-jurídico para sus litigios internacionales, buscando exponer que el tráfico de armas viola derechos humanos fundamentales.
Puntos clave de la gestión internacional
La solicitud presentada por México en 2022 ante la Corte Interamericana buscaba una interpretación clara sobre dos aspectos que hoy encuentran respaldo en el organismo regional:
| Aspecto | Argumento de México |
| Prácticas Negligentes | Los fabricantes son responsables de vender a quienes introducen armas al país ilegalmente. |
| Protección Judicial | Los Estados deben garantizar vías legales para que las víctimas de violencia armada obtengan reparación. |
| Regulación Estatal | Es deber de los gobiernos adoptar normas internas que obliguen al marcaje y rastreo de todo armamento. |
La administración federal mantiene su insistencia en los tribunales estadounidenses para que la industria armamentista modifique sus políticas de distribución. Sheinbaum subrayó que, más allá del resultado inmediato en los tribunales, el objetivo es visibilizar ante la comunidad internacional que la disponibilidad indiscriminada de armas es un factor determinante en la crisis de seguridad regional.
