El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su rechazo tajante al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU. La administración federal calificó el documento como “tendencioso, parcial y falto de rigor jurídico”, argumentando que la instancia internacional ignoró los avances estructurales logrados en el país desde 2018 y, particularmente, las actualizaciones presentadas en marzo de 2025.
Argumentos del Gobierno Mexicano
La administración federal sostiene que el informe del Comité utiliza un marco de análisis que no corresponde a la realidad actual. Entre los puntos principales de la postura oficial destacan:
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Sesgo temporal: El informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, periodos correspondientes a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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Conflicto de interés: Se señaló que al menos uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas previas contra el Estado mexicano.
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Reconocimiento de avances: El gobierno enfatizó que la propia ONU admite en los párrafos 117 y 118 que no existe una política federal para cometer ataques sistemáticos contra la población civil.
Reformas y Herramientas Implementadas
México defendió su transformación institucional, destacando las reformas legales aprobadas en julio pasado que fortalecen la búsqueda de personas.
| Herramienta / Medida | Función Principal |
| Alerta Nacional de Búsqueda | Activación inmediata ante reportes de desaparición. |
| Base Nacional de Carpetas | Centralización de investigaciones para evitar duplicidad. |
| Plataforma Única de Identidad | Cruce de datos para identificación humana. |
| Banco Nacional de Datos Forenses | Fortalecimiento de la identificación mediante pruebas genéticas. |
Postura del Comité de la ONU (CDF)
Pese a las críticas del Estado, el Comité solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir la situación de México a la Asamblea General. Si bien el CDF reconoció que no hay pruebas de una política federal de desapariciones bajo el Estatuto de Roma, subrayó que existen reportes fundamentados sobre la participación de funcionarios públicos por aquiescencia o apoyo a grupos criminales en ámbitos locales.
Finalmente, el Gobierno de México ratificó que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y reafirmó su apertura a la cooperación técnica internacional, siempre que se base en premisas que reflejen los esfuerzos actuales para garantizar verdad y justicia a las víctimas.
