El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia que obliga a Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp., a pagar un crédito fiscal por un monto de 2 mil 868 millones 853 mil 516.57 pesos.
El adeudo corresponde a los impuestos sobre la renta (ISR) y empresarial a tasa única (IETU), además de su actualización, recargos y multas, por el ejercicio fiscal de 2012.
Revocación y Decisión Unánime
La decisión fue tomada por unanimidad en el Pleno de la Corte al aprobarse el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
- Acuerdo Revocado: La resolución revocó un acuerdo emitido en febrero de 2025 por la entonces presidenta Norma Piña Hernández, el cual había admitido a trámite el amparo directo en revisión (276/2025) promovido por la minera.
- Recurso Desechado: El amparo de la minera fue desechado al resolver el recurso de reclamación (105/2025) presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Argumentos Legales y Aplazamiento Negado
La empresa alegó la inconstitucionalidad de artículos de la Ley del ISR y del Código Fiscal de la Federación (CFF), argumentando una violación a sus derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia.
La Corte dio la razón a Hacienda al determinar que, si bien el asunto involucraba una cuestión de constitucionalidad, carecía de interés constitucional o excepcional para ser revisado por el máximo tribunal.
La ministra Batres reveló que la minera había solicitado un aplazamiento de la resolución, argumentando que estaba en diálogo con autoridades fiscales para un acuerdo sobre la deuda. Sin embargo, la ministra negó la petición:
“En realidad, no observamos que exista ningún tipo de mecanismo alternativo de solución en la propia normativa y, por lo tanto, estamos incorporando ya en el proyecto que no a lugar a decretar ningún aplazamiento”, dijo.
Precedentes de Dilación Procesal
Este no es el primer intento de la minera por retrasar el juicio. El pasado 23 de octubre, la SCJN ya le había impuesto una multa de 70 UMA (casi 8 mil pesos) por promover un recurso de impedimento infundado contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, lo cual los ministros señalaron como una “argucias procesales” para alargar los casos.
